«El alquiler protegido también tiene que alcanzar a los hogares de ingresos medios»

El nuevo programa de intermediación entre caseros e inquilinos del Gobierno vasco ofrecerá precios asequibles a personas que ganen hasta 39.000 euros

El consejero de Vivienda encara la segunda mitad de su mandato con una apretada agenda para impulsar cambios profundos tanto en la legislación como en la filosofía del mercado protegido en Euskadi, un programa que adereza con un mensaje nítido: «Todos los partidos estamos de acuerdo en que se saquen 15.000 nuevos pisos de alquiler en Euskadi» como ha pedido el Parlamento. «¡Cómo no...! Pero la coyuntura es muy complicada, así que no estaría de más valorar los mimbres que tenemos para hacer el cesto», advierte Iñaki Arriola.

– El Parlamento vasco ha aprobado la idea de implantar el canon sobre los pisos vacíos, un gravamen pensado para movilizar hacia el alquiler una parte de los 31.000 inmuebles desocupados que hay en Euskadi.
– Llevamos mucho tiempo defendiendo esa y otras muchas iniciativas. Todas están recogidas en el Pacto por la Vivienda, en el anteproyecto de Ley de Vivienda o en el plan director 2010-2013. El Parlamento les ha dado un gran espaldarazo. Respecto al canon (aplicable a pisos deshabitados durante dos años, con 10 euros anuales de multa por metro cuadrado), puedo decir que la fórmula escogida para definir una vivienda desocupada es garantista. Prevé supuestos de tipo personal y familiar a los que se enfrentan los propietarios en la vida diaria.

– Pero a quien quede fuera de ellos los alcaldes podrían imponerle el alquiler forzoso. ¿Lo aceptarán los perjudicados?– Tienen la opción de acudir a Bizigune (el programa del Gobierno vasco que capta pisos de particulares por una renta no superior a 600 euros mensuales, y que luego son adjudicados a personas de bajos ingresos apuntadas en el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide). Bizigune se ha ganado la confianza de muchos propietarios porque ofrece garantías, aunque nos cuesta más de 20 millones anuales. Y si ese programa no pudiera coger un piso concreto porque no encuentra demanda en su zona, con estar inscrito en sus listas ya sería suficiente para que la vivienda no la consideraran vacía.

–El Gobierno vasco va a crear otro proyecto más barato de intermediación entre caseros e inquilinos, que subvencionará seguros y avales. ¿Dinamizará el arrendamiento en Euskadi, donde la renta media supera los 900 euros al mes?– Nuestro objetivo es que si se acepta esa intermediación no se puede pedir el ‘oro y el moro’, sino precios que dependerían de la zona, pero sensiblemente por debajo de la media, en torno a un 20% o 30%. Si el Gobierno vasco ofrece un paraguas, hay que poner un techo.

– Su departamento espera atraer con esa fórmula unos 2.000 pisos vacíos en los dos años que quedan de legislatura, además de casi 5.000 con Bizigune ¿Quienes serían los destinatarios de la nueva intermediación?–El alquiler protegido tiene que alcanzar también a los hogares de ingresos medios. Bizigune llega ahora a las personas que ganan hasta 22.000 euros anuales. Pero el nuevo proyecto irá más allá, rebasando ampliamente los 30.000 euros, hasta los límites que se establecen hoy para acceder a la vivienda de protección oficial (VPO) en propiedad (39.000 euros cuando se trata de hogares de tres o más miembros y un solo perceptor de ingresos).

Periodo transitorio
– Le han reprochado que no ha concebido el derecho al alquiler, incluido en el anteproyecto de Ley de Vivienda, como una prestación universal, sino solo para los hogares que en su mayoría ya reciben subsidios.– Una cosa es la teoría y otra la realidad. ¿Cómo concretamos el derecho? Porque la Administración tiene que responder con el Presupuesto... Es algo similar a la renta de garantía de ingresos (RGI). Una vez aprobada, tenemos que echar paladas a la maquinaria.

–¿Qué es lo que el Gobierno vasco puede garantizar a los ciudadanos en materia de arrendamiento? – El anteproyecto ha establecido un periodo transitorio para incorporar al derecho al alquiler primero a los hogares de tres o más miembros;luego a los de dos y, en última instancia, a las personas solas. Y no es cierto que los beneficiarios sean los mismos que ya reciben los subsidios. Los topes económicos para exigir bien un piso protegido, bien una prestación económica (límites de 15.000 euros, 12.000 y 9.000 euros, respectivamente), son más altos que los máximos que se permiten ahora para solicitar la RGI. ¿Que eso es poco a pesar de todo? El hecho es que el derecho al alquiler, tal y como está concebido en el anteproyecto, podrá reclamarlo más gente que la que cobra ahora otros subsidios.

–El aumento de la demanda de arrendamiento se debe a que los pisos libres todavía son inalcanzables para muchas economías y a los problemas para conseguir hipotecas. ¿Han tocado fondo los precios de la vivienda?– El ajuste se irá produciendo a medida que el ‘stock’ de pisos en venta se digiera y lleguemos a un equilibrio entre oferta y demanda. Es el mercado.

– ¿Cuándo prevé que remontará el sector de la construcción?– Venimos de un ‘crack’ inmobiliario. Los tipos de interés han experimentado un repunte, pero hasta ahora eran los más reducidos de la historia, así que todavía continúan siendo bajos. Me inquieta más la prevención de las entidades financieras ante la vivienda. Están siendo muy restrictivas incluso con las promociones protegidas y, en particular, con el alquiler.

– El Parlamento vasco ha aceptado su tesis de que hay que permitir a los alcaldes modificar las reservas para la vivienda protegida (75% en los terrenos urbanizables) y las cesiones de aprovechamiento. ¿Ha llegado el momento de reformar la Ley del Suelo de su predecesor, Javier Madrazo?– Esa norma se aprobó en una coyuntura de bonanza económica, cuando la vivienda libre podía asumir las cargas que le echaran encima, pues podía venderse al precio que pidieran por ella. Ya no es así. Los precios están bajando, de modo que hay que flexibilizar la ley para buscar nuevos equilibrios (en la proporción de pisos protegidos y libres) y poder desarrollar los suelos residenciales que están calificados en los planes generales; aunque, por supuesto, dentro de una horquilla establecida de antemano. Los alcaldes conocen mejor que nadie las necesidades y las posibilidades de sus municipios.

– Mucha gente aguarda con preocupación el decreto sobre las Inspecciones Técnicas de Edificios, que obligará a revisar 80.000 inmuebles de más de 50 años en Euskadi, con 320.000 viviendas individuales.–Quiero enviar un mensaje de tranquilidad. Se trata de un chequeo que redunda en beneficio de todo el mundo. Si la seguridad del edificio está bien, pues se acabó; y si está mal, lo mejor es resolver el problema para que no ocurran desgracias como las que estamos viendo últimamente.

Recursos europeos
– Usted apela siempre en los debates de vivienda a la responsabilidad de quien gestiona los recursos.
– Lo fácil es pedir esto y lo otro, pero luego hay que retratarse. Pertenezco a un partido con vocación de gobierno y, en ese caso, la actitud es distinta de cuando no se espera gobernar nunca... De todos modos, es aconsejable cuidar lo que se dice porque, de verdad, en este país nunca se sabe quién va a gobernar. Nadie puede afirmar: ‘como siempre estaré en la oposición, puedo hacer la demagogia que me salga de las narices’.

– Ha advertido al Parlamento vasco que corren tiempos difíciles para obtener dinero. De hecho, el número de pisos de alquiler iniciados cayó un 70% en 2009 y 2010 respecto al bienio anterior. ¿Reformulará sus objetivos con el arrendamiento? – Queremos combinar realismo con ambición. Construir un piso de alquiler viene a costar unos 100.00 euros. Y alguna entidad tiene que comprarlo después (para ponerlo en arrendamiento entre los apuntados en Etxebide). Pero resulta que la sociedad pública Alokabide ya no lo tiene tan sencillo porque no cuenta con las cajas de ahorros, que se han marchado y no ofrecen el crédito de antes.

– En resumen, el flanco débil es la financiación. – Estamos movilizando recursos con la vista puesta sobre todo en los ejercicios 2012 y 2013. No hemos dejado de buscar la colaboración con fondos privados y tratamos de conseguir el respaldo del Banco Europeo de Inversiones, lo que nos ayudaría a animar a las entidades de aquí a entrar en los proyectos de alquiler, porque por sí solas no están por la labor.

– ¿Es partidario de suprimir la deducción fiscal por la compra de vivienda?. Las diputaciones forales la han mantenido inalterada, aunque en el resto de España ha desaparecido, salvo para las familias con ingresos muy modestos.
– Las deducciones equivalen al doble de lo que mi consejería gasta en vivienda protegida (solo en Vizcaya suponen 250 millones de euros en el IRPF de 2010). Son un dinero que no se ve, que no llega a las arcas públicas. No sé si que hay que suprimirlas, pero al menos deberíamos buscar un equilibrio para incrementar la capacidad inversora de las administraciones.

– ¿Cree que las diputaciones aceptarán ese planteamiento?– Todavía está pendiente de analizar el modelo de bienestar social que queremos para Euskadi, y no solo en el capítulo de vivienda; es decir, hay que ver qué prestaciones y servicios queremos mantener o potenciar, y cuál es la política fiscal que puede sostenerlos. Seguramente, los partidos y las instituciones estarán en mejor disposición de participar en un debate sensato después de las elecciones municipales y forales de mayo.

Fuente: http://www.elcorreo.com