Gandia entregará un piso a las familias que lleven más de tres años esperando una VPO

El Ayuntamiento ayudará económicamente a los ciudadanos que tengan que alquilar un piso hasta que se les otorgue su vivienda protegida

El gobierno de Gandia no quiere que nadie espere más de tres años un piso protegido. El Consistorio echará mano del parque de viviendas que ha adquirido en los últimos dos años a constructores y particulares que no podían hacer frente a sus pagos y las pondrá a disposición de aquellas familias que lleven más de tres años empadronadas en la ciudad y que estén esperando una VPO.

También se promoverá la construcción de nuevos edificios de vivienda protegida en la ciudad, y si aún así no se cubre esta oferta el gobierno está dispuesto a costear parte del alquiler de las personas que estén en espera de una vivienda pública.

Así lo anunciaron ayer el alcalde, José Manuel Orengo, y el edil de Territorio, Fernando Mut. Ambos dieron a conocer el plan Garantia 3x3 habitatge. Orengo señaló que se trata de una iniciativa que pretende garantizar «el derecho constitucional a una vivienda de todos los ciudadanos de Gandia».

Los requisitos para poder aspirar a estas viviendas serán dos: estar tres años empadronados en la ciudad y llevar también tres años esperando una vivienda protegida: «Asumimos el compromiso de dar una vivienda digna y facilitar el acceso a familias de Gandia que no la tengan», afirmó.

La concesión de las viviendas no se hará ni «por sorteo ni por concurso», sino que será la Agencia Municipal de l'Habitatge quien estudie todos los casos y determine a quién conceder la VPO.

Políticas urbanísticas
Este compromiso de futuro, comentó Orengo, obliga al gobierno a planificar políticas urbanísticas que vayan en consonancia con la alta calidad de Gandia y que resuelvan socialmente el problema de la vivienda: «Gandia no puede ser sólo una gran potencia económica de presente y futuro, tiene que serlo también en políticas sociales», agregó.

Orengo explicó que ahora es el turno de l'Agència de l'Habitatge: «A partir del lunes comenzará a dar forma a la ordenanza para que esté lista entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre».
El alcalde afirmó que en la actualidad hay más de «1.000 aspirantes inscritos en l'Agència de l'Habitatge de Gandia a la espera de una vivienda pública». Sin embargo, agregó, no todos podrán disponer de una VPO: «De estos 1.000 habrá sólo un porcentaje de 200, 300 o 400 se adaptarán a los requisitos».

Asimismo, el primer edil afirmó que la medida no sólo se basa el pago de la diferencia entre un alquiler y lo que se paga mensualmente por una vivienda protegida. El primer edil aclaró que la ordenanza que se va a poner en marcha contempla varias posibilidades.

En primer lugar el gobierno local pondrá a disposición de las familias el parque de pisos que ha comprado en estos años mediante otros programas de ayuda social. En la actualidad la Empresa Pública de Vivienda dispone de más de 400 pisos en diferentes barrios de la ciudad que ha adquirido tanto a promotores como a particulares que no podían hacer frente a los pagos.

Pero para poner en marcha esta iniciativa harán falta nuevos pisos protegidos. Por ello el alcalde explicó que se va a fomentar la construcción de nuevas promociones en distintos barrios de la ciudad para poder llegar a todas las familias necesitadas: «Por este motivo tenemos que cambiar la planificación urbanística de la ciudad, para dar cabida a nueva vivienda protegida».

Más suelo
El alcalde habló de la obligación del gobierno: «Tendremos que reservar suelo para la construcción de VPO y animar a los constructores para que levanten más vivienda protegida».
Pero, sin duda lo más significativo de la medida es que Gandia está dispuesta a costear parte del coste del alquiler de aquellas personas a las que no se les pueda otorgar un piso protegido una vez se ponga en marcha la medida.

En este caso l'Agència de l'Habitatge sufragará la diferencia entre el lo que se pagaría por una mensualidad de una VPO y el coste total del alquiler, es decir si el arrendamiento cuesta 350 euros y el pago de una VPO se cifra en 250 euros al mes, el Consistorio asumiría 100 euros.
Orengo no desveló si se dispone ya de una partida económica para hacer frente a estos pagos, peos sí que afirmó que la Empresa Pública cuenta con patrimonio suficiente para asumir todos estos gastos.

Por su parte, el concejal de Territorio y Sostenibilidad de Gandia, Fernando Mut, afirmó que se trata de una medida que da garantías a la ciudad para que todos los ciudadanos dispongan de una vivienda de protección oficial en condiciones dignas: «Otro de los objetivos es que sean viviendas que las pueda pagar todo el mundo».

El edil relató que este proyecto se debe a la «capacidad de trabajo del gobierno local y de la Empresa Pública» y destacó la «garantía social» que pone en marcha el Consistorio. También comentó que una ciudad como Gandia tiene que velar porque sus ciudadanos tengan trabajo y dispongan de vivienda: «Una ciudad de futuro no es la más alta o la más grande, sino la que me mejor garantiza los derechos de sus ciudadanos».

Finalmente Mut afirmó que la política de vivienda de Gandia no se basa en planteamientos «maximalistas» de construir 300 viviendas de golpe: «Nuestra forma de trabajar es más ágil, de menos apariencia, pero con más solidez y eficacia», y por ello recordó que hace unas semanas se concedieron 25 viviendas protegidas en régimen de alquiler a las que aspiraron 194 vecinos de Gandia.

Fuente: http://www.lasprovincias.es