El derecho al alquiler irá unido al derecho a la vivienda

El proyecto de ley de Vivienda que el Gobierno vasco enviará en breve al Parlamento de Vitoria reconocerá el derecho a un alquiler protegido, exigible ante los tribunales, a «aquellos ciudadanos que acrediten, mediante una serie de requisitos tasados, estar en una situación objetiva de necesidad de vivienda». Así lo indicó ayer el consejero Iñaki Arriola, durante una conferencia pronunciada en la sede donostiarra de la Fundación Ramón Rubial.

El responsable del Departamento de Vivienda no concretó cuáles serán las condiciones que habrá que cumplir para poder reclamar a las instituciones vascas un alquiler social, aunque sí explicó que los límites de ese derecho han sido definido «tras la realización de estudios económicos y financieros precisos». Se trata de un argumento, el económico, que Arriola ha invocado desde que tomó posesión de su cargo para justificar que el arrendamiento, a su modo de ver, no se puede garantizar en el País Vasco con carácter universal.

A falta de más detalles sobre el derecho al alquiler, la consejería de Arriola va a iniciar negociaciones con el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales para aclarar quién debe gestionar en adelante la prestación complementaria de vivienda (PCV), una subvención de 250 a 320 euros para pagar el arrendamiento libre que ahora mismo perciben 14.200 personas sin empleo ni recursos, o con sueldos mínimos, un colectivo que al mismo tiempo cobra la renta de garantía de ingresos (RGI, entre 650 y 930 euros mensuales en doce pagas).

Tanto la RGI como la PCV -la segunda solo tiene derecho a ingresarla quién reciba la primera- van a ser administradas desde el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) y pueden ser reclamadas por quienes cumplan las condiciones establecidas en la Ley de Garantía de Ingresos. No obstante, según esa norma autonómica y otro decreto que regula específicamente la PCV, el complemento de alquiler sólo formará parte del sistema de ayudas sociales de forma transitoria: deberá salir de él en cuanto se articulen «medidas análogas o de otra naturaleza que den cobertura a la misma necesidad de acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos».

Ésa es la cuestión que abordará el proyecto de Ley de Vivienda. ¿Cuáles son los sectores vascos que tendrán derecho al arrendamiento social? En la actualidad, se benefician de él unas 40.000 unidades familiares. Además de las 14.200 PCV, el Gobierno central concede en Euskadi 6.000 rentas de emancipación, que es otro subsidio de 210 euros para jóvenes con contrato laboral. A ambos grupos hay que añadir 4.500 alquileres subvencionados del programa Bizigune para movilizar viviendas vacías. Finalmente, existen algo más de 15.000 pisos adjudicados en régimen de alquiler a través del Servicio Vasco de Vivienda (Etxebide).

Fuente: http://www.elcorreo.com