Más del 71% de alquileres de vivienda en Andalucía defraudan a Hacienda

Más del 71 por ciento de los alquileres de vivienda en Andalucía defraudan a Hacienda, es decir, tres de cada cuatro arrendamientos "escapan" al control de este organismo, según un informe del equipo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Según un comunicado de Gestha, el "IV Informe sobre los Alquileres Sumergidos en España" calcula que existen más de 220.000 alquileres no declarados en Andalucía, lo que representa el 71,6 por ciento del total del parque de viviendas alquiladas en la comunidad.

Esta cifra está por encima de la media nacional, donde el 55,4 por ciento de los arrendamientos de viviendas son alquileres sumergidos, esto es más de un millón de alquileres no declarados.

El informe de Gestha -elaborado a partir de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda- ha revelado que el número de arrendamientos sumergidos en la comunidad se ha incrementado en 15.039 en comparación con el año anterior.

Según el estudio publicado, las rentas por arrendamientos no declarados en Andalucía se sitúan en unos 450 millones de euros anuales, cifra que ha aumentado en 45,2 millones de euros.

Por comunidades, el informe de Gestha ha señalado que más de dos tercios de los arrendamientos no declarados se concentran en Cataluña, Andalucía y Madrid, mientras que en lo referente a la cuantía defraudada, Andalucía se coloca en tercera posición, tras estas dos comunidades, con 449,6 millones de euros.

El informe de los Técnicos de Hacienda considera "prioritario" que las iniciativas de la Agencia Tributaria se centren en la puesta en marcha medidas de "más eficaces" con el fin de combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales.

Para ello, Gestha considera "imprescindible" la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) que incrementará el control tributario y aduanero, y el control del gasto público.

En la actualidad, la bolsa de economía sumergida en España tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23,3 por ciento del PIB, lo que supone 245.000 millones euros, según Gestha.

Uno de los objetivos "fundamentales" para estos técnicos, se trata de "agilizar" los procesos de desahucio por falta de pago de las rentas y han atribuido estos datos al retraso en la aprobación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal.

Fuente: http://www.finanzas.com