Desde la Delegación provincial, que tramitaba la subvención ante el Gobierno central, señalan que los objetivos que se plantearon al poner en marcha este tipo de subvenciones se han cumplido con creces
Primero pasó de unas manos a otras. De las de la Consejería de Vivienda -ahora, Vivienda y Ordenación del Territorio- a las del Ministerio que se creó para tal sector. Las ayudas para el fomento del alquiler tenían la sana intención, por un lado, de sacar de la economía sumergida una bolsa de inmuebles que no pasaban por caja ni por el Erario Público -y que en Granada supone un buen negocio, según los datos del colectivo de Técnicos de Hacienda-. Por otro, que algunos pisos que no estuvieran en condiciones óptimas para el alquiler recibieran una ayuda para adecentar el inmueble y sacarlo al mercado. Para ello, se ofrecían una serie de incentivos como una ayuda de 6.000 euros al propietario que decidiese acogerse al programa a cambio de que tuviesen una serie de obligaciones. Por ejemplo, la de mantener el piso alquilado un lustro y "a un precio más bajo de mercado", denunciaba ayer uno de esos propietarios.
Pero esas ayudas han pasado a mejor vida. Según confirmaron ayer fuentes de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas en Granada, desde que el Estado asumió las competencias en la materia, el personal de la Delegación se dedicaba, únicamente, a la tramitación de las peticiones de las ayudas por parte de los futuros arrendatarios. Y, según tienen constancia, esas ayudas se han estado pagando hasta enero, porque a partir de febrero no se ha vuelto a admitir ni una solicitud más.
Los propietarios aseguran que es por falta de liquidez en las arcas públicas. Desde la Junta arguyen que "no es por falta de liquidez, porque es una ayuda estatal", aunque también aseguran que desde el Ministerio se dan los objetivos planteados para el programa por cumplido y el presupuesto, también. De hecho, la notificación oficial de la denegación de nuevas ayudas es "que la disponibilidad presupuestaria se agotó".
Porque, aseguran las mismas fuentes, los propios responsables del programa no esperaban que tuviera unos resultados tan positivos en cuanto al afloramiento de los pisos cobrados en negro. En el conjunto de Andalucía, la previsión es que se dieran unos 2.000 casos, pero antes de que se retirase la ayuda se había triplicado ese número, llegando a los 6.500 propietarios de una segunda residencia que o bien lo estaban alquilando bajo cuerda o bien habían decidido que, para tenerla vacía, la sacaban al mercado.
Las mismas fuentes consultadas ayer aseguraban que, en lugar de ayudar al propietario del inmueble, desde las administraciones se ha decidido hacer una apuesta más amplia por el otro sector en liza, el de los arrendatarios. "Se ha preferido apostar por las subvenciones al inquilino, que es un montante que se ha incrementado mucho", señalaban las mismas fuentes.
Eso sí, a pesar de que la ayuda se haya dado por finalizada, eso no implica que los derechos adquiridos al ser solicitada y concedida no se mantengan. "El propietario que recibiese los 6.000 euros tiene que mantener sus obligaciones", aseguraban ayer desde la Junta, como la de mantener el piso alquilado el tiempo y al precio estipulado. De hecho, podría suponer alguna sanción por parte del Gobierno -último responsable de las ayudas- si se demostrase que no han cumplido los requisitos.
Pero los propietarios no comparten esa visión. Incluso, señalan que la no concesión de la ayuda "nos ha hecho perder el dinero que hemos tenido que dar a las Agencias de Vivienda homologadas por la Junta de Andalucía por tramitar la ayuda; además del dinero que implica en la declaración de la renta, al declarar, como es justo y legal, el alquiler".
Fuente: http://www.granadahoy.com

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