Vivienda recibe 90.000 consultas sobre alquileres y obras del portal

A las oficinas de Bizilagun en las tres capitales vascas se acercan comunidades de vecinos que quieren adaptar su edificio a las personas dependientes

Unas 90.000 personas recurrieron durante el año pasado a los servicios de Bizilagun, la entidad del Departamento de Vivienda que asesora de forma gratuita a los ciudadanos sobre el arrendamiento y compraventa de pisos, y sobre la propiedad horizontal en general. Según el Gobierno Vasco, el grupo más numeroso de usuarios de este organismo, que funciona desde hace tres años en las tres capitales vascas, son jóvenes que solicitan el subsidio de 210 euros mensuales para el alquiler (se llama renta de emancipación y la cobran más de 7.000 individuos en Euskadi). No obstante, el segundo colectivo más importante lo constituyen las comunidades de propietarios que quieren reformar el portal para adaptarlo a las personas dependientes.

Bizilagun acaba de abrir una página web nueva, a la que pueden acceder los internautas a través de www.etxebide.info, y en la que pueden encontrar teléfonos y direcciones de sus sedes. El cambio se ha producido cuando el servicio cumple tres años de vida y el Departamento de Vivienda acaba de aprobar un decreto para dotarlo de una estructura administrativa. De momento, las oficinas se mantienen en los edificios de las extintas cámaras de la propiedad y son atendidas por unos 25 empleados y letrados repartidos entre Bilbao,Vitoria y San Sebastián, una plantilla que, por un lado, resuelve las dudas que plantean los ciudadanos con orientaciones de carácter general, pero que también se encarga del depósito de las fianzas estipuladas en los contratos de alquiler. «No hacemos estudios jurídicos individualizados», puntualiza Luis Segurola, letrado de la sede alavesa.

En realidad, Bizilagun no es una mera prolongación de las antiguas cámaras, ya que aquellas entidades sólo atendían a propietarios de inmuebles, mientras que sus sucesores reciben a cualquier ciudadano que necesite información, sea el dueño de una vivienda, el inquilino del inmueble o una persona que se plantea vivir en un piso arrendado y quiere saber qué cuestiones hay que resolver con el casero. De hecho, la edad media de los usuarios de Bizilagun se ha reducido ostensiblemente desde que sus oficinas asumieron el papeleo de la renta de emancipación, que paga el Gobierno central, pero que es administrada desde el Ejecutivo autónomo.

«Dejando aparte las cuestiones relacionadas con ese subsidio de alquiler, los ciudadanos nos preguntan cómo instalar un ascensor, si es obligatorio ser administrador del portal o qué mayoría necesitamos en la comunidad para contratar a un administrador externo», explica Luis Segurola. Los usuarios pueden formular consultas muy breves y sencillas que pueden ser resueltas a veces por teléfono, aunque lo normal es concertar una cita, en la que un funcionario informará sobre el estado de la legislación o facilitará un formulario administrativo o un modelo de contrato. Si el asunto planteado reviste cierta complejidad, se ocupará de ella un letrado, aunque las explicaciones serán siempre de carácter general.

Bizilagun dispone también de un servicio de mediación para solventar situaciones conflictivas. «No hay que confundirlo con los laudos arbitrales, que son una alternativa a la jurisdicción civil y tienen que cumplirse», explica Luis Segurola. «La mediación tiene sus limitaciones -prosigue-. Es voluntaria y no implica a las partes, pero constituye una fórmula amistosa y más barata de resolver diferencias. Lo nuestro consiste en buscar un acuerdo para que el coste sea 'cero'».

Debate jurídico
Por último, Bizilagun se ocupó el pasado año del depósito de las fianzas correspondientes a algo más de 2.000 contratos de arrendamiento (paralelamente, algunas empresas de alquiler las dejan en el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco). Actualmente, existe un debate jurídico sobre si tales sumas han de depositarse en una entidad pública. En el Ejecutivo autónomo sostienen oficialmente que ese requisito sí existe, basándose en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en un decreto de 1949. Sin embargo, algunos juristas lo ponen en duda. La cuestión sólo se dilucidará en el proyecto de Ley de Vivienda que el Gobierno vasco se ha comprometido enviar al Parlamento durante este año. Otras comunidades, como Madrid o Cataluña, ya han aprobado normativas que obligan a dejar las fianzas en organismos públicos. Sin embargo, Navarra no ha establecido tal exigencia.

Fuente: http://www.diariovasco.com