Vizcaya: Los grupos de la oposición sacan adelante una propuesta para que se estudie la viabilidad del proyecto
Los grupos de la oposición en Juntas decidieron ayer en la Comisión de Acción Social estudiar la posibilidad de ofrecer en alquiler social las viviendas que los mayores dependientes dejan desocupadas cuando pasan a residir en los centros de asistencia de la red foral. La proposición no de norma partió del apoderado de Aralar Iosu Murgia, que explicó que esta fórmula permitiría paliar la necesidad existente de alquileres a precio protegido y devolver a las arcas públicas parte de los costes de la atención integral a los mayores.
Los junteros de PSE, PP y EB y el representante de Aralar apoyaron la propuesta, a la que se opusieron los 5 apoderados del PNV. Su portavoz, Edorta Rodrigo, aseguró que la nueva ley vasca de servicios sociales será aplicable a los tres territorios y regulará las aportaciones de cada usuario del servicio de residencias a los servicios sociales. El diputado Juan Mari Aburto aseguró que ayer mismo recibió el anteproyecto del texto legislativo en el que trabaja el Gobierno vasco. Aun así, los siete votos del resto de junteros permitirán que esta fórmula de colaboración propuesta por el apoderado de Aralar se incluya en la Ponencia sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Vizcaya, en la que trabajan todos los grupos, junto a afectados, técnicos y especialistas, desde hace más de un año, con el fin de estudiar posibles vías que garanticen la sostenibilidad y el equilibrio de los servicios sociales en la provincia. El apoderado socialista Juan Otermín explicó que el trabajo, que ha requerido de 53 comparecencias, estará finalizado en Semana Santa.
En marzo de 2008, la comisión aprobó otra proposición no de norma que instaba a la Administración foral a investigar la viabilidad de ofertar prestaciones de residencia gratuitas a cambio de que el demandante del servicio cediese la vivienda habitual para su utilización como alquiler social de gestión pública. En enero Juan Mari Aburto compareció para detallar el informe elaborado por Gerokon, según el cual el stock de casas que podrían salir al mercado de alquiler social con este sistema sería sólo de 179 al año. La estancia media en residencia ha ido en descenso hasta ubicarse en 207 días de estancia media (datos de 2007). El apoderado Iosu Murguia aseguró, en cambio, que «el estudio ignora los casos de las personas dependientes que utilizan los servicios de residencia». Por ello, manifestó que la dificultad de entablar contactos y relaciones interinstitucionales para ejecutar su propuesta, que acarrearía la creación, por ejemplo, de un órgano mediador entre Etxebide y la Diputación, «no puede ser un obstáculo para sacar adelante políticas transversales e imaginativas».
Fuente: http://www.elcorreodigital.com

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