Valladolid: El 25% de las viviendas convertidas a VPO será ofertada en régimen de alquiler

El empleo, la vivienda y la conciliación de la vida familiar y laboral centraron ayer los acuerdos alcanzados por los sindicatos, la patronal y el Gobierno regional en el seno del Consejo de Diálogo Social. Así, en materia de vivienda las partes reunidas en el Colegio de la Asunción sentaron las bases para la futura Ley de Derecho a la Vivienda, en cuyo marco tratarán de lograr que los castellano y leoneses no dediquen más de una tercera parte de sus ingresos en el acceso a una vivienda protegida.

La nueva norma, que Herrera tildó de «moderna e integradora» trata de dar cobertura a una triple perspectiva: social, ya que según el dirigente regional, «dará una solución concreta a los sectores de población que lo tienen más difícil para acceder a una vivienda»; territorial porque «apuesta por una vivienda en el medio rural»; y moderna porque, entre otras cosas, obligará a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a tener una planificación en materia de viviendas protegidas y de alquiler. La ley obligará también al desarrollo de un Libro del Edificio, que recogerá los datos técnicos y jurídicos del mismo, y a su sometimiento a una inspección regular.

Otro de los acuerdos alcanzados ayer en materia de vivienda y que los sindicatos y la patronal valoraron de forma «positiva» fue el que pretende impulsar la venta de 30.000 viviendas de obra nueva que actualmente hay sin vender en el mercado inmobiliario y que si las promotoras (y también las entidades financieras) así lo desean, podrían convertirse en viviendas protegidas -si cumplen los requisitos para ello-. Las viviendas tendrán que haber obtenido licencia de primera ocupación y podrán ofrecerse en cualquiera de las figuras existentes en la región para VPO, aunque al menos el 25% de las ofertadas tendrán que serlo en régimen de alquiler o alquiler con opción a compra. Además, tal y como adelantó ABC, será la web de la Junta la que publique la relación de viviendas incluidas en el acuerdo.

En clave más interna, el Consejo de Diálogo Social aprobó el reglamento para su funcionamiento que, en palabras de Agustín Prieto (UGT) «dotará al consejo de una mayor agilidad, control y seguimiento de lo que se hace». Una labor a la que contribuirá el viceconsejero de Empleo, Ignacio Ariznavarreta, que ayer fue nombrado de forma oficial secretario del Consejo, cargo que ya desempeñaba en funciones desde su creación en 2008. Tras el parón del verano, los miembros del Consejo ayer reunidos avanzaron que comenzán a trabajar en mesas pendientes como la del empleo rural, la cohesión territorial y el acceso a las nuevas tecnologías.

Fuente: http://www.abc.es