La trampa fiscal de la vivienda

La intención de Zapatero de suprimir la desgravación por compra de vivienda ha tenido réplica inmediata por parte de la comunidad de Madrid.


Probablemente para escenificar el abismo entre su política fiscal y la del Gobierno central, Esperanza Aguirre aumentará la desgravación por adquisición de vivienda rebajando en un punto más la deducción del IRPF en el tramo autonómico, lo que en la práctica se traduce en un incremento del 20% en la deducción que ya se aplica en la comunidad.

La medida es criticable. Supone reforzar un estímulo fiscal que, como hemos dicho en otras ocasiones, tiene efectos contraproducentes en el mercado, en tanto que contribuye a tensionar los precios en la medida en que los constructores lo repercuten en el precio final.

A lo sumo, la desgravación constituye un elemento emocional para los compradores. Desde esa óptica se trata de un mero trasvase de recursos, con el que se debería acabar, desde el Estado al promotor.

Si hemos criticado la decisión de Zapatero de suprimir la desgravación es por el momento elegido para hacerlo, en pleno hundimiento inmobiliario, y porque es evidente la intencionalidad de estimular artificialmente la demanda empujando a potenciales compradores a apresurar su decisión antes de perder unas ayudas que desaparecen en 2011.

Lo reprochable es la intervención estatal para aligerar el stock de más de un millón de viviendas de los promotores, interrumpiendo el necesario proceso de ajuste de los precios a la nueva realidad de oferta y demanda, que es lo que debería determinar el valor de los pisos.

A mayor abundamiento, la decisión de la comunidad de Madrid constituye un adicional balón de oxígeno a los promotores –lógicamente también a las entidades financieras acreedoras– al primar fiscalmente sólo la compra de vivienda nueva. Una nueva medida que también impide el proceso de ajuste de los precios, al que se resisten los promotores.

Se trata, además, de un importante agravio para los particulares que aspiren a vender un piso de segunda mano, lo que podría albergar incluso perfiles de inconstitucionalidad. Más aún, cuando se hace con cargo al dinero de los contribuyentes.

Estos no tienen por qué pagar los excesos del sector inmobiliario, que al socaire del dinero abundante y barato se deslizó por la pendiente de una producción excesiva e imprudente, pensando que la espiral de precios desorbitados no tenía límites, menospreciando las alertas de sobrevaloración de la vivienda y los riesgos derivados de una inflexión en el ciclo.

Bajar impuestos es saludable siempre que se haga con carácter horizontal para liberar recursos hacia la iniciativa privada. Es así, y no con parches proteccionistas para el ladrillo, como los Gobiernos central y autonómicos pueden empezar a recuperar la confianza y promover un nuevo modelo de crecimiento sostenido.

Fuente: http://www.expansion.com