La Junta facilitará la compra de 3.000 pisos vacíos si los promotores bajan sus precios

La Junta de Andalucía pondrá una condición para facilitar a las familias la compra de una de las alrededor de 3.000 viviendas libres de la capital que no han tenido aún salida al mercado, y será que los promotores y constructores ajusten los precios de los inmuebles. El delegado de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Administración autonómica, Francisco García, avanzó ayer a ABC que la contención del importe de las viviendas será imprescindible para que los ciudadanos y los empresarios del sector se beneficien de la Ley del Derecho a la Vivienda, cuyo proyecto acaba de aprobar el Parlamento regional.

«Estas ayudas para la compra de las viviendas libres están pensadas para las que tienen un precio moderado», subrayó García. Así, la Junta pedirá a los promotores «un esfuerzo» para que reduzcan su margen de beneficios a cambio de asegurarles la venta de los pisos o casas que aún no han encontrado morador. Si el empresario acepta esta premisa, la Consejería de Vivienda establecerá una serie de medidas financieras todavía por concretar para que las familias interesadas puedan adquirir los inmuebles.

Ayudas para el comprador
En la capital existe en la actualidad un «stock» de unas 3.000 viviendas libres, según las estimaciones de la Asociación de Constructores. Se trata, no obstante de una cifra aproximada, recalcó el presidente de la entidad, Francisco Carmona, pues no hay registros específicos sobre estos inmuebles sin salida al mercado. El número de ellos que se podrá acoger a la nueva Ley del Derecho a la Vivienda que tramita el Parlamento se encuentra por determinar; en buena medida depende de la voluntad de los empresarios de rebajar los precios.

Por su parte, el delegado Francisco García aclaró que las ayudas financieras para la vivienda libre «son para los compradores». Las que sí se dedicarán en exclusiva a los constructores serán aquellas que se arbitrarán en breve para los que tengan en marcha proyectos de VPO. «En este caso, los empresarios habrán de acreditar que las promociones que quieren levantar tienen una demanda de compradores suficiente», informó Francisco García. Este último instrumento para la reactivación del mercado inmobiliario está orientado a las compañías con problemas para obtener financiación. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio apuesta, tal y como matizó Francisco García, por que las promociones de VPO que salgan adelante con el auxilio de la Junta se orienten en buena medida hacia la fórmula del alquiler con opción a compra.

En este sentido, el delegado precisó que «pensamos que en los tiempos de crisis que vivimos éste puede ser un modelo de adquisición a un inmueble muy ventajoso y muy accesible para las personas que no dispongan de los suficientes recursos para comprometerse a una compra desde el principio». El plazo que baraja la Junta para ejercer la compra tras el arrendamiento es de diez años.

Fuente: http://www.abc.es